Este tratado de libre comercio tiene más beneficios para estados unidos que para Colombia por que en nuestro país hay más gente pobre q gente adinerada y una de las condiciones que pide estados unidos es que la educación sea privada para convertirla en negocio y las personas con bajos recursos se van a ver imposibilitadas para llegar a la universidad y poder prepararse para ser profesionales y solo las personas con dinero son las únicas que contaran con educación superior así siempre los ricos serán mas ricos y los pobres van a seguir siendo pobres y esto la verdad es muy injusto además la educación bajara su calidad y se guiara mas bien por la cantidad de plata con que se cuente. . Los pequeños productores y los micro empresarios también se van a ver muy afectados ya que las personas preferirán los productos q llegan de usa ya que estos serán mas baratos pero que tal si uno compra un producto extranjero como un televisor y se llega a dañar o averiar y necesita repuestos estos serán mas caras que el mismo producto ya que no se encuentran en el país y habría q mandarlos a traer mas bien quedaría mas barato comprar un televisor nuevo. Diferentes sindicatos han expresado su rechazo a ese acuerdo al reconsiderarlo perjudicial para la economía nacional, principalmente en los aspectos agrícolas y de propiedad intelectual. Sectores perjudicados son el arroz, el trigo, el maíz, el azúcar, la avicultura, la ganadería vacuna y la porcicultura. Van a resultar afectados, no porque desaparezcan, sino porque ahora van a tener que ganar menos, trabajar más y competir más. Los sectores más tocados por estos cambios serán: el sector agropecuario, el sector de la salud pública (se afecta el acceso a la salud por el acápite del mismo en el que los monopolios farmacéuticos norteamericanos “lograron subir los estándares de protección de su sector, por encima de los parámetros de la OMC...Eso se reflejará en menor competencia, mayor monopolio y, por ende, el incremento de los precios al consumidor ), el sector industrial (por la entrada de productos remanufacturados que competirían con los productores nacionales a muy bajos costos).
El tema vuelve a instalarse en la agenda tres semanas después de que la oposición republicana amenazara con bloquear la designación del nuevo secretario de Comercio, si Obama no enviaba al Congreso para su ratificación a este acuerdo y los que se suscribieron con Panamá y Corea del Sur.
Con el encuentro de este jueves, el TLC con Colombia parece cobrar un nuevo impulso. Sin embargo, como requisito previo a la aprobación definitiva, el gobierno de Santos tiene que adoptar una serie de medidas que Estados Unidos considera necesarias para garantizar los derechos laborales en su país.
El documento en cuestión establece pasos y plazos para su concreción.
El 22 de abril, el gobierno colombiano deberá expandir el ámbito de protección de los líderes sindicales, tanto de delegados como de los miembros de las comisiones de negociación colectiva, de quienes tratan de organizarse o afiliarse a un gremio, así como ex activistas que fueron amenazados.
Para el 30 de julio tendrá que estar solucionado el atraso existente en la evaluación de las solicitudes de protección presentadas por sindicalistas y asegurar que, en el futuro, la policía realizará esa tarea en no más de 30 días.
El 15 de junio, el gobierno de Colombia deberá promulgar una reforma del Código Penal que criminalice y condene acciones intimidatorias que puedan afectar derechos fundamentales de los trabajadores, incluidas las amenazas contra los sindicatos y otras acciones que afecten los derechos de organizarse y de encarar negociaciones colectivas.
En este caso la pena debe ser de más de cinco años de prisión.
Colombia deberá cumplir además con otras exigencias en ese ámbito, como reformas legislativas que impidan que su utilicen formas de asociación cooperativa o agencias de empleo temporal para violar los derechos de los trabajadores, así como duplicar el número de inspectores laborales en cuatro años.
El TLC fue firmado en 2006 por los entonces presidentes George W. Bush y Álvaro Uribe, pero se frustró la ratificación en el Congreso estadounidense en 2007, entre otras cosas a raíz de las objeciones interpuestas por el sindicato de la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL- CIO, por sus siglas en inglés).
Esa organización, con llegada directa a la mayoría demócrata que entonces controlaba ambas cámaras, cuestionó con dureza los asesinatos de sindicalistas perpetrados en el país latinoamericano.

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